Un pacto evita la prisión para la mafia de proxenetas del Raval

Finalmente, de macrojuicio contra la prostitución, nada. Un acuerdo entre las acusaciones y la defensa podría evitar que muchos de los 45 proxenetas rumanos acusados de trasladar y obligar a prostituirse a compatriotas en el Raval vayan a prisión -todos los que no tengan antecedentes- pese a que tres de ellos se enfrentaban a una pena de 21 años. «Pueden estar contentos. La pena es ridícula», sentenció la abogada de una de las testigos protegidas, Luz Méndez, en declaraciones a los medios a las puertas de la Audiencia, de donde varios acusados salieron con cara de satisfacción de la mano de sus víctimas, con quienes algunos están emparentados, motivo por el que algunas han renunciado a las indemnizaciones de hasta 12.000 euros, según informa Europa Press.

Los acusados de obligar a prostituirse, maltratar y robar el dinero que estas mujeres habían ganado se enfrentaban a penas de más de dos décadas de cárcel en algunos casos, pero, de ratificarse el pacto, muchos evitarán la prisión, ya que las penas no superan los dos años, y solo deberán pagar multas de no más de 1.000 euros, a falta de que hoy los acusados den la conformidad oficial.

Según fuentes de la fiscalía, la razón de ser de la polémica «rebaja sustancial» en las penas hay que buscarla en que la mayoría de las víctimas están en paradero desconocido y sería muy difícil que aparecieran para declarar, con lo que, de producirse el macrojuicio, podrían encontrarse con falta de pruebas.

«A cambio de conseguir las condenas de todos, las penas respecto a la gravedad de los hechos son muy inferiores, y las penas, prácticamente simbólicas», aseguró ayer Alex Sol, abogado de una de las víctimas. El letrado culpó de que lo que se presumía como un macrojuicio contra la explotación sexual acabe en un «acuerdo con penas menores», a que a veces en estos procesos tan largos se producen disfunciones. «La lentitud es mala acompañante de la justicia», lamentó el abogado.

EL MODO DE OPERAR / Los condenados trasladaban desde Rumanía a las mujeres ofreciéndoles trabajos en hostelería y les ocultaban que las iban a forzar a prostituirse, y, evidentemente, que se iban a apropiar de todo o casi todo el dinero que ganaran con esa actividad. Cuando las mujeres llegaban a la ciudad, los acusados se hacían cargo de sus gastos y gestiones para generar «una actitud de dependencia hacia quienes luego se convertirían en sus proxenetas». Después, las obligaban a prostituirse y a entregarles el dinero que ganaran, y las maltrataban si mostraban resistencia «para demostrar su posición de dominio».